El informe se publica en el Día Internacional contra la Pena de Muerte, que tendrá lugar este 10 de octubre. El tema de este 18avo año es el acceso a una representación legal efectiva para todos los que enfrentan la pena de muerte.
En este informe, la FIDH y la LDDHI establecen el vínculo entre la denegación del derecho a un juicio justo y el uso de la pena de muerte en Irán. Allí se dictan muchas condenas a pena muerte bajo procedimientos alejados de los principios de respeto de un juicio justo por los estándares internacionales. Los condenados a muerte a menudo son condenados sobre la base de cargos vagos y "confesiones" que generalmente se obtienen mediante tortura o malos tratos bajo custodia, antes del juicio. Los acusados que enfrentan la pena de muerte a menudo no tienen acceso a un abogado de su elección.
Además, las autoridades iraníes están acostumbradas a perseguir y enjuiciar a los abogados que defienden a los condenados a muerte. Algunos de ellos, como Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov en 2012, son encarcelados por su trabajo. Los activistas contra la pena de muerte también son reprimidos con frecuencia.
“La aplicación incontrolada de la pena de muerte en Irán es una mancha indeleble en el historial de derechos humanos del país. El gobierno puede hacer avances concretos hacia la abolición de esta práctica brutal y obsoleta simplemente cumpliendo los tratados internacionales a los que está vinculado Irán"
Los observadores internacionales de derechos humanos critican regularmente la forma en que se aplica la pena de muerte en Irán por violar ciertos aspectos fundamentales del derecho internacional.
La abrumadora mayoría de los delitos punibles con la muerte en Irán no entran dentro de la definición de "delitos más graves" establecida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Estos delitos, que contravienen la terminología internacional, se refieren en particular a delitos sexuales, religiosos o políticos; beber bebidas alcohólicas o consumir drogas, así como delitos económicos o informáticos.
Irán viola las obligaciones recordadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención sobre los Derechos del Niño al ocupar el primer lugar en ejecuciones de niños: de septiembre de 2009 a septiembre de 2020 se documentaron al menos 67 casos. La pena de muerte se suele imponer a menores y se espera que tengan 18 años para ejecutarlos.
La pena de muerte para las mujeres también es el resultado de leyes discriminatorias contra ellas. Los miembros de la comunidad LGBT también enfrentan condenas que atestiguan la criminalización del comportamiento homosexual, que conlleva la pena de muerte en Irán.
La pena capital también se aplica contra comunidades étnicas, como los kurdos, los árabes y los baluchis, pero también contra las minorías religiosas: sunitas, bahá’ís y yaresanistas (secta Ahl e-Haqq).
La FIDH, miembro de la Coalición Internacional Contra la Pena de Muerte, y la LDDHI se oponen a la pena de muerte cualquiera que sea el delito cometido, sean cuales sean las circunstancias, y trabajan activamente por su abolición en todo el mundo.
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