13 de Septiembre, 2023. La magnitud de la catástrofe y su impacto en la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos de las personas afectadas, contravienen severamente los tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollo sostenible y protección de áreas naturales sensibles, así como en materia de derechos humanos. Al abarcar un área rica en biodiversidad y hábitats frágiles, el derrame de crudo de REPSOL implicó la pérdida de más de 1,850 especies de fauna silvestre, incluyendo varias consideradas en peligro de extinción.
La investigación, publicada por CooperAcción, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), EarthRights International (ERI) y con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), parte de un análisis del impacto del derrame sobre la vida y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones comprendidas en el área de afectación.
Daños transgeneracionales medioambientales, económicos y sociales
En el Informe se resalta la importancia y necesidad de una respuesta integral y adecuada por parte de la empresa REPSOL y de las autoridades estatales encargadas del manejo de esta crisis socioambiental. La magnitud de los impactos demanda medidas contundentes y efectivas que no solo reparen el daño causado, sino que también prevengan futuras catástrofes similares.
Otra de las recomendaciones que se precisa en el informe es que el Estado español debe cumplir con sus responsabilidades extraterritoriales (ETO) en materia de derechos humanos, colaborando con las entidades pertinentes, a través de la aplicación de lineamientos de debida diligencia empresarial.
El informe destaca la necesidad de avanzar hacia una mayor y mejor regulación de la actividad empresarial frente a los derechos humanos a través de la aprobación de un marco normativo que salvaguarde dichos derechos y el medio ambiente en todo momento.
Una respuesta insuficiente
Desde el inicio del evento, REPSOL ha enfrentado críticas por su respuesta insuficiente ante la crisis. Más de 11 mil barriles de petróleo fueron derramados en las costas del distrito de Ventanilla, en la Provincia Constitucional del Callao. y el área afectada por el vertido de crudo fue de 18 mil metros cuadrados. Según se señala en el informe, la contratación de personal sin la debida experiencia y protección para llevar a cabo labores de limpieza generó problemas de salud para los trabajadores. Además, la ineficacia de las acciones emprendidas provocó que el petróleo regresara al mar debido a las mareas.
Sin embargo, el impacto de este derrame no se limita únicamente al medio ambiente. Tiene también implicancias directas en los derechos al trabajo y a la alimentación. Las actividades de pesca y turismo,fuentes fundamentales de empleo en las comunidades costeras, se vieron severamente afectadas. A pesar de los esfuerzos iniciales, tanto REPSOL como las autoridades estatales no han brindado soluciones adecuadas y sostenibles para abordar las consecuencias sociales y económicas del derrame.
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