La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), junto con una coalición de grupos de derechos humanos, pidió en 2021 a la Defensora del Pueblo Europeo, el órgano de supervisión de la Unión Europea (UE), que investigara las pruebas de que la UE presta apoyo a la vigilancia en países no pertenecientes a la UE incumpliendo sus propias normas. En la denuncia se exponía el modo en que los organismos y las agencias de la UE cooperan con gobiernos de todo el mundo para aumentar su capacidad de vigilancia. En la denuncia se sostenía que, antes de apoyar proyectos con posibles repercusiones en materia de vigilancia, como bases de datos biométricos o tecnologías de control de teléfonos móviles, la Comisión debería haber realizado evaluaciones previas de riesgo e impacto para garantizar que los proyectos no dieran lugar a violaciones de los derechos humanos (como el derecho a la intimidad).
La Defensora del Pueblo detectó varias deficiencias, en el sentido de que la Comisión no pudo demostrar que las medidas establecidas garantizaran un enfoque coherente y estructurado para evaluar las repercusiones de los proyectos del fondo en los derechos humanos. Además, recomendó que se realizara una evaluación previa del impacto en los derechos humanos de los futuros proyectos.